Rodrigo Chaves Robles, en un evento durante la campaña presidencial, en febrero de 2022. Archivo CRH
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) detalló que existen suficientes elementos para considerar que, en la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles, por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), existió una presunta segunda estructura paralela de financiamiento catalogada como “opaca, clandestina y obscura”.
La investigación realizada por esa entidad apunta a que dicha estructura estuvo vinculada al empresario Jack Loeb Casanova y a Sofia Agüero Salazar, hija del diputado oficialista Waldo Agüero.
Loeb fue financista de campaña de Chaves, mientras Agüero fungió como colaboradora de Chaves y de Loeb durante la campaña presidencial de 2022.
El informe final de investigación realizado por el DFPP concluye que para el período comprendido entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, Agüero tuvo ingresos, en sus cuentas abiertas en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), que totalizaron $192.800,00, de los cuales Loeb Casanova transfirió el 98,44% de esos fondos ($189.800,00).
Tras alertas emitidas por la entidad bancaria, entre otros análisis efectuados, se determinó que esta cifra superó por mucho el comportamiento habitual en las cuentas de Agüero Salazar, las cuales de junio de 2020 a agosto de 2021 presentaban un ingreso mensual promedio de $600 cuando presuntamente era colaboradora de Loeb.
La investigación también advirtió que entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, se identificaron transferencias gestionadas desde la cuenta de Agüero Salazar, para cubrir supuestos gastos relacionados con la campaña del PPSD, Chaves y su padre, el hoy diputado Waldo Agüero, por al menos $116.513,20.
Entre estas transferencias se observaron movimientos como el pago de pauta político-electoral en Facebook, televisión, vallas y adquisición de signos externos.
En este mismo período se identificaron transferencias por ₡12.431.317,40 hechas desde la cuenta en colones que mantenía Agüero en el BNCR y que fueron destinados, según se desprendió de la descripción consignada en la respectiva información bancaria, al pago de gastos de campaña del PPSD. Principalmente, a favorecer la campaña a diputación de su padre: Waldo Agüero.
El DFPP identificó, del estudio y análisis de la información bancaria de Agüero Salazar y del Loeb Casanova, que la primera mantendría cuentas abiertas en la Cooperativa Nacional de Educadores (Coopenae), tanto en dólares americanos como en colones; en las cuales también habría recibido fondos de Loeb Casanova para beneficiar al PPSD y a Chaves Robles y Agüero Sanabria.
Según la investigación, con base en lo identificado en las cuentas de Agüero Salazar en el BCR, aunado a las transferencias observadas desde las cuentas de Loeb Casanova en Prival Bank, el DFPP estimó que en total Loeb habría canalizado $208.844 a través de las cuentas de Agüero Salazar, tanto en el BNCR como en Coopenae “para potenciar al PPSD en las Elecciones Nacionales de 2022, y en particular, favorecer las candidaturas de los señores Chaves Robles y Agüero Sanabria”.
Estas transferencias registran, a título de concepto: “DONACION CAMPAÑA RCH”, “CAMPAÑA RCH” y “CAMPAÑA POLÍTICA”, “APORTE RCH”, “PARTIDO POLÍTICO” y “DONACIÓN RCH”.
Una primera supuesta estructura paralela de financiamiento, vinculada al fideicomiso Costa Rica Prospera, constituido el 25 de febrero de 2021 por Chaves y Loeb Casanova, como fideicomitentes y fideicomisarios, en asocio con ATA Trust Company S.A., representada por Alonso Vargas Araya, en calidad de fiduciaria, está también señalada en el informe del TSE por presuntos roces con las disposiciones del Código Electoral.
Las estructuras paralelas de financiamiento comprenden una persona o un grupo que, al margen de los órganos partidarios administrativos y financiero-contables legalmente establecidos recaudan contribuciones, donaciones o aportes a través de mecanismos de recolección de fondos no autorizados por el Comité Ejecutivo Superior de una agrupación política, con el objeto de beneficiar la acción política del partido, tendencias, candidatos o precandidatos oficializados. También, considerando como parte de la estructura a los donantes, aportantes y contribuyentes. Todo esto contraviene lo dispuesto en el Código Electoral sobre el financiamiento de los partidos políticos.
“Ese abundante elenco informativo bancario, permite identificar de manera fehaciente la presencia de un cuantioso flujo dinerario proveniente, en lo que a este departamento consta- de las cuentas en dólares y colones que mantiene el señor Jack Loeb Casanova en el Banco Prival. Tal flujo de recursos alimentó principalmente la cuenta bancaria en dólares del fiduciario ATA Trust Company S.A. y las de la señora Sofía Agüero Salazar en el BNCR Coopenae, y cuyo destino posibilitó, en una importante cantidad de casos, según se tiene del trazado del dinero y las descripciones asociadas a las transacciones analizadas, la cobertura de gastos o la llegada de recursos a favor de la campaña desplegada por el partido PPSD, la campaña presidencial de Chaves y la campaña a favor de la candidatura a diputación del señor José Ubaldo Agüero Sanabria (Waldo), todo con ocasión del proceso electoral nacional del 2022”, concluyó el informe del DFPP.
“Conforme a los elementos que integran esta definición, y a partir de los hallazgos previamente señalados, este órgano técnico estima que en la especie sí es posible sostener que, en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022, operó una segunda estructura paralela de financiamiento en favor del PPSD y las candidaturas de los señores Rodrigo Chaves Robles y Julio Ubaldo Agüero Sanabria (Waldo)“, recalcó el documento final elaborado por el TSE.
Sofía Agüero es hija del actual diputado oficialista Waldo Agüero. Compareció ante una comisión legislativa en febrero de 2023. Archivo CRH
¿Por qué esta se considera una segunda presunta estructura paralela? Según el DFPP, por lo siguiente:
En grado de probabilidad razonable, Agüero Salazar habría recaudado y gestionado contribuciones, donaciones y aportes privados, todos originarios de Jack Loeb Casanova, empleando cuentas personales abiertas en el BNCR y en Coopenae.
Ni Loeb Casanova, ni Agüero Salazar, fueron autorizados por el Comité Ejecutivo Superior del PPSD para la recaudación de fondos, organizada o no, a favor de esa agrupación política. Ni tampoco fueron autorizados por ese comité los mecanismos que ambas personas utilizaron para allegar recursos con el objeto de beneficiar la acción política del partido o candidatos a puestos de elección popular.
En virtud de ello, el actuar y el mecanismo utilizado, se encontraban en consecuencia al margen de los órganos partidarios administrativos, financieros y contables legalmente establecidos.
La recaudación y gestión de estos fondos tenía por objeto potenciar las aspiraciones políticas del partido PPSD y las de Chaves Robles y Agüero Sanabria.
Jack Loeb Casanova, financista de Chaves, compareció ante una comisión legislativa en agosto de 2023. Archivo CRH
Para el TSE, en este caso, más que la cantidad de sujetos participantes en la estructura, la información bancaria recabada permite esclarecer la intención de estas personas de favorecer económicamente, directa o indirectamente, el accionar del PPSD, la figura de Chaves y la de Agüero.
“Esta presunta estructura, incluso en mayor grado que en la anterior, habría operado en clandestinidad. En virtud de que reforzado por la limitada cantidad de sujetos participantes- la recaudación de fondos con fines político-electorales tuvo lugar por vías ajenas a la agrupación política formalmente considerada, lo que impidió a la ciudadanía y al órgano electoral (TSE) conocer, oportunamente, la identidad de los contribuyentes, aportantes o donantes de la agrupación política. Lo anterior, siendo que la mayor cantidad de movimientos económicos que tuvieron lugar en el marco de esta estructura paralela, nunca fueron reportados al órgano técnico fiscalizador de las finanzas partidarias, lo cual transgredió de manera reiterada el ordenamiento electoral vigente en ese momento”, citó el informe final de investigación.
El DFPP insistió en que este esquema se considera un “modelo opaco, clandestino y obscuro” del que nunca se informó al TSE para el respectivo ejercicio de fiscalización y revelación oportuna ante el electorado.
Según la normativa electoral, Agüero Salazar podría haber incurrido en delitos sobre financiamiento partidario al recaudar fondos sin contar con la autorización del tesorero de la agrupación.
En tanto, Loeb Casanova podría haber transgredido el Artículo 274 sobre el Código Electoral en lo referente a contribuciones privadas.
Para el TSE, sobre Chaves y el diputado Agüero, podrían existir delitos relativos a contribuciones privadas ilegales “solo en la medida en que hubieran conocido la existencia de este esquema de financiamiento y, aun así, hubieran aceptado beneficiarse”.
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Pablo Rojas
